Fiscalía General de la República retoma investigación sobre homicidio de Héctor Melesio Cuén

La Fiscalía General de la República confirmó esta semana la reactivación de las diligencias ministeriales relacionadas con el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ocurrido en Sinaloa. Este caso, que permaneció con escasos avances durante más de dos años, vuelve a ser prioridad para las autoridades federales debido a la aparición de nuevas líneas de investigación y la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos en la entidad.

La investigación busca determinar con precisión la cronología de los sucesos que derivaron en la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense. A lo largo de este tiempo, diversas versiones sobre la mecánica del atentado han generado incertidumbre, motivo por el cual la FGR ha solicitado la colaboración de peritos especializados para el análisis de nuevas evidencias recabadas recientemente por el Ministerio Público Federal.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que se están realizando entrevistas con testigos clave y analizando registros de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el evento. El objetivo de la fiscalía es deslindar responsabilidades y confrontar las declaraciones previas con los nuevos hallazgos técnicos. La dependencia busca cerrar las brechas informativas que han persistido desde el inicio de las indagatorias iniciales realizadas por autoridades locales.

Por su parte, el equipo legal de la familia ha manifestado su disposición para colaborar con la autoridad federal con el fin de obtener justicia. Los representantes legales esperan que esta reactivación sea el paso definitivo para esclarecer los motivos detrás del ataque, subrayando que la sociedad sinaloense demanda transparencia absoluta en el desahogo de las pruebas recabadas hasta la fecha.

La FGR ha reiterado que el proceso se mantiene bajo estricta confidencialidad para preservar la integridad de la investigación. Se prevé que, en los próximos meses, se realicen nuevas comparecencias de funcionarios que estuvieron involucrados en la cadena de custodia y los reportes periciales iniciales, bajo la premisa de garantizar el debido proceso y evitar cualquier irregularidad en el manejo de la carpeta de investigación.