Human Rights Watch advierte sobre retrocesos democráticos en México bajo administración actual

Human Rights Watch presentó un informe este domingo donde coloca a México entre las naciones que experimentan retrocesos democráticos significativos en años recientes. El documento subraya la existencia de una contradicción marcada entre el discurso internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad que enfrentan diversos sectores de la sociedad civil y las instituciones autónomas en el interior del país.

La organización internacional destaca que, a pesar de los compromisos de política exterior manifestados por la administración federal, persisten tensiones estructurales que afectan el equilibrio de poderes. Según el reporte, el fortalecimiento de las facultades de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la relación con los organismos autónomos son puntos centrales que generan preocupación sobre el respeto a los contrapesos democráticos en el sistema mexicano.

En cuanto a la esfera de seguridad y justicia, el análisis observa que la Guardia Nacional y la SEDENA mantienen un rol protagónico que ha sido cuestionado por organismos defensores de derechos humanos. La asociación enfatiza que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana debería priorizar el fortalecimiento de las corporaciones civiles, un punto que sigue siendo una propuesta central de diversos colectivos, aunque la tendencia actual ha priorizado la estructura militarizada bajo el mando de la SSPC.

El reporte también menciona que el Poder Judicial y los organismos electorales, como el INE, enfrentan presiones políticas constantes que podrían comprometer su independencia operativa a mediano plazo. Las autoridades han manifestado en diversas ocasiones que su labor busca la transformación del sistema público, argumentando que las reformas emprendidas son necesarias para garantizar la eficiencia institucional y la atención a las demandas sociales más apremiantes de la población.

Finalmente, la organización exhorta al Ejecutivo Federal a alinear sus políticas internas con los estándares internacionales de derechos humanos que el país promueve en foros globales. La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido una postura oficial respecto al informe, aunque la administración ha reiterado que el gobierno mantiene una política de puertas abiertas al escrutinio internacional bajo principios de soberanía y respeto mutuo.