La SCJN establece juzgar desapariciones de defensoras con enfoque de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que obliga a todos los órganos jurisdiccionales del país a juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos con una perspectiva de género e interseccionalidad. Este fallo establece que el análisis de estos delitos no puede limitarse a los elementos tradicionales del tipo penal, sino que debe considerar las condiciones específicas de vulnerabilidad y los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres al ejercer su labor de defensa en México.

La decisión del máximo tribunal subraya que la perspectiva de género no es una opción interpretativa, sino un estándar constitucional obligatorio para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia. Al integrar la interseccionalidad, los jueces deberán evaluar cómo factores como la etnia, la ubicación geográfica y el entorno social exacerban la violencia y la impunidad en las investigaciones de desaparición forzada o cometida por particulares.

Esta determinación surge tras años de litigio estratégico donde organizaciones civiles han señalado que la falta de protocolos específicos invisibiliza el móvil de género en las agresiones contra quienes defienden el territorio, el medio ambiente o los derechos de las comunidades. La SCJN enfatizó que ignorar estos elementos contraviene los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y debilita la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Con esta medida, las autoridades ministeriales y los jueces de control deberán ajustar sus procedimientos en la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. La instrucción es clara: los expedientes deben ser integrados y analizados bajo una metodología que identifique las brechas de desigualdad y las estructuras de poder que facilitan la desaparición de las mujeres defensoras.

Finalmente, el pleno de la Corte exhortó a fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad y justicia para evitar la revictimización. Este cambio de paradigma busca cerrar la brecha de impunidad y asegurar que el sistema judicial mexicano responda de manera eficaz y humana ante las desapariciones que afectan a las mujeres que luchan por la justicia social en diversas entidades del país.