Oceana exige basar plan contra sargazo en ciencia y regulación federal

La organización Oceana, a través de su representante Edith Martínez, solicitó este domingo que el plan federal diseñado para combatir la llegada masiva de sargazo a las costas de Tulum se sustente estrictamente en evidencia científica y en un esquema de manejo regulado. La petición surge ante la necesidad de proteger los ecosistemas marinos de Quintana Roo, los cuales enfrentan presiones constantes debido a la acumulación de macroalgas que afecta tanto la biodiversidad local como la actividad turística de la región.

De acuerdo con la postura de la organización, la estrategia actual requiere una reorientación que priorice la transparencia y el rigor técnico. Martínez enfatizó que el despliegue de brigadas y la infraestructura para la recolección de sargazo no deben ser medidas aisladas, sino parte de un programa integral que contemple el impacto ambiental a largo plazo en las playas y zonas de arrecife.

La propuesta de Oceana sugiere que las acciones coordinadas por las autoridades federales y municipales integren protocolos de monitoreo constante. Este enfoque permitiría evaluar la efectividad de las barreras de contención y los métodos de disposición final, evitando que el retiro del alga cause daños colaterales en el ecosistema costero, un tema que ha generado inquietud entre especialistas y habitantes de la zona en los últimos meses.

Asimismo, la organización propone que el programa federal incluya mecanismos de participación ciudadana y científica para auditar los resultados de manera periódica. El objetivo central sería lograr un equilibrio donde la atención a la contingencia ambiental garantice la preservación de los recursos naturales y la sostenibilidad económica de los municipios costeros, bajo criterios técnicos claros y supervisión institucional.

Finalmente, la representante señaló que la colaboración interinstitucional, incluyendo el apoyo de expertos en ciencias marinas, es indispensable para enfrentar este fenómeno cíclico. La expectativa es que las autoridades consideren estas recomendaciones para fortalecer las políticas de gestión costera que se aplican actualmente en el Caribe mexicano, asegurando que cada intervención en el mar respete los lineamientos de conservación vigentes.