Sheinbaum advierte que Morena no protege a funcionarios involucrados en delitos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró este jueves que su administración y el partido Morena no funcionarán como un mecanismo de impunidad para servidores públicos que enfrenten acusaciones judiciales. Este pronunciamiento ocurrió tras el arresto del presidente municipal de Tequila y tres funcionarios más de su administración, ejecutado por fuerzas federales como parte de una investigación en curso por diversos delitos del fuero federal.

La mandataria subrayó que la ley debe aplicarse por igual, independientemente de la filiación política de los involucrados. Según fuentes de la presidencia, el Gobierno Federal mantiene una política de cero tolerancia ante actos de corrupción o vínculos con actividades ilícitas en los gobiernos locales, reiterando que la pertenencia a un partido político no otorga inmunidad frente a las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

El operativo, realizado durante las primeras horas del jueves, contó con el despliegue de elementos de seguridad federal para asegurar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión. La detención de los funcionarios municipales ha generado reacciones en el ámbito político nacional, mientras las autoridades estatales colaboran con el Ministerio Público federal para garantizar la continuidad de la administración en el municipio afectado y asegurar la transparencia del proceso.

El equipo de comunicación de la Presidencia enfatizó que el Ejecutivo no intervendrá en las decisiones del Poder Judicial ni en las diligencias de la Fiscalía. Asimismo, se informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará monitoreando la situación en la región para prevenir alteraciones al orden público, exhortando a la ciudadanía a confiar en el debido proceso y en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal hizo un llamado a los representantes populares en todo el país a conducirse bajo principios de honestidad y legalidad. Aseguró que cualquier servidor público que sea señalado por actividades contrarias a la ley deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes, sin que esto implique una persecución política, sino un ejercicio de rendición de cuentas necesario para fortalecer la democracia mexicana.